Desde 2021, diversas asociaciones y expertos en salud han alertado sobre un preocupante aumento en la incidencia de varias enfermedades: cánceres atípicos, trastornos neurológicos, enfermedades autoinmunes y cardiopatías. Si bien algunos departamentos hospitalarios han notado este incremento, se muestran reacios a hablar de ello públicamente.
Los datos disponibles hablan por sí solos. Los informes indican que las vacunas contra la COVID-19 representan el 12 % de la farmacovigilancia mundial, y actualmente se están llevando a cabo cerca de 12 000 estudios para investigar posibles vínculos con diversas enfermedades. En Francia, la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) registró nada menos que 193 934 notificaciones de reacciones adversas, incluidas 1635 defunciones, en su informe de junio de 2023. Estas cifras, basadas en un sistema de farmacovigilancia pasiva, probablemente subestiman considerablemente la realidad, según numerosos observadores.
Esta situación plantea interrogantes fundamentales sobre la transparencia de las autoridades sanitarias y la relación riesgo-beneficio de estas vacunas desarrolladas con tanta premura. Un documento publicado por Pfizer bajo presión legal ofrece, por fin, una visión más completa de los riesgos a los que se enfrentan millones de personas en todo el mundo que reciben las vacunas.
